Por Edgar BARTOLO RAMOS

Algo que captó la atención en las últimas dos semanas fue el reglamento del Registro Fiscal de la Propiedad Inmobiliaria y del Sistema de Información Territorial propuesta por el Cabildo Municipal de Santa Lucía del Camino y aprobada por la H. Cámara de Diputados.

Indiscutiblemente que el reglamento se puede interpretar de muchas maneras (como muchos reglamentos en México), dependiendo de los intereses y de las fracciones escogidas de algunos artículos.

Lo que algunos medios de información manejaron es que a los habitantes de las colonias de Santa Lucía se les iba a cobrar por cada televisor que se encontrara en su casa. Inclusive hubo hasta quien dijo que iban a cobrar “hasta por los tendederos”.

Quizás lo que más asustó a la población fue el mencionar la facultad del municipio de hacer uso de la fuerza pública para fotografiar el interior de un inmueble.

Indiscutiblemente que el presidente municipal cometió un gran error en sus primeras declaraciones a los medios, al mostrar un parcial desconocimiento del reglamento, a ta grado que un locutor lo disculpó diciendo que a lo mejor le pasaron la ley para firmarla sin que se diera cuenta.

Indiscutiblemente que se movieron intereses en este movimiento; de hipotetizar podríamos sacar conclusiones como las que se han ventilado: grupos políticos  o los dueños de los llamados giros negros serían los que movieron todos los hilos… Quizá podríamos hacer nuevas. Creo que es algo que como personas no involucradas directamente, no lo sabremos.

Desgraciadamente este desconocimiento real de la problemática, a los ciudadanos comunes nos hace susceptibles de tomar una postura, un criterio con una información fragmentada. Es decir, se podría defender al cabildo o a la población; pero, ¿cuántos tuvieron acceso a la lectura del reglamento? Y de estos, ¿cuántos lo interpretaron sin una presión, sea de la parte oficial o de la social?

Algo que nos queda claro es la reacción de la población: se mostró con la valentía necesaria para no permitir que se haga algo que se considera injusto o absurdo. Inclusive se logró que se auditara a la anterior y presente administración municipal, además de la posible creación de un comité ciudadano que vigile las obras y seleccione las de mayor prioridad que realizará el ayuntamiento.

Lo lamentable, además del manejo de la información por parte de los grupos involucrados, son las acciones de la población que estuvieron a punto de tener un fin violento.

 

El Defensor La voz de Oaxaca. Año II. No 46. 1ª quincena de Octubre del 2002. p. 12

 

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